El Gobierno endureció los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal, mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad que fue publicada en el Boletín Oficial. De esa manera, desde hoy, y a un año de la implementación del Sistema de Alto Riesgo, los internos en prisiones federales bajo esa categoría verán restringidas, aún más, sus visitas.
El Gobierno endureció los controles para presos de alto riesgo
Tras la publicación de una nueva resolución mediante el Ministerio de Seguridad, los presos más peligrosos no podrán tener contacto físico con las visitas.
05 de febrero de 2025 - 08:57
Esta idea surge a partir de la intención de evitar una intromisión de familiares directos en vínculos delictivos con miembros de las organizaciones que hayan diseñado y que derivaron en que estén detenidos.
Las autoridades remarcaron que “son razones objetivas y fundadas para reforzar las medidas implementadas en relación con las visitas de todos los internos incorporados al Sistema, aplicando restricciones que resultan razonables y proporcionadas”, según consignó Infobae. Y sostuvieron que el endurecimiento de los controles era estrictamente necesario “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado”.
Panorama en el sistema
Desde el traspaso a fines del 2023 del Servicio Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Julián Curi, se implementaron medidas tendientes a evitar el ingreso de droga, elementos punzantes y celulares.
Por otra parte, se reguló el régimen de visitas, de comunicaciones telefónicas y de correspondencia, en particular, con la premisa de impedir que los internos pudieran comunicarse con el exterior con fines ilegales.
Por decreto, amplían funciones del Ministerio de Seguridad
Ahora, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema. Si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.
La medida dispone, al mismo tiempo, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.
